CONVERSATORIO ¿INEXEQUIBILIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES?

Parágrafos 1 y 2 del artículo 6º del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

Fecha: sábado 18 de abril de 2020.  Hora: 5:00 pm

Escenario de trasmisión: A través de Facebook live, desde la Fanpage @Condeabogados.

Organizador: Sociedad Jurídica Conde Abogados Asociados S.A.S

Tipo de documento: Relatoría, memorias y conclusiones del conversatorio.  

ABOGADOS PARTICIPANTES
NOMBRE COLECTIVO CIUDAD
RAFAEL OLAYA MONTES CONDE ABOGADOS ASOCIADOS Florencia Caquetá
OSCAR CONDE ORTIZ CONDE ABOGADOS ASOCIADOS Florencia Caquetá
CARLOS EDUARDO ACEVEDO ACEVEDO Y GOMEZ ASOCIADOS Cali- Valle del Cauca
LOUIS DUSSAN ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS Bogotá D.C.
JAIME BARRETO NIETO MUNDO JURÍDICO Cali- Valle del Cauca
MARÍA TERESA GÓMEZ ABOGADA ADMINISTRATIVISTA Cali- Valle del Cauca

 

Logística y moderación: MARCELA PATRICIA CEBALLOS OSORIO.

Apertura del conversatorio, presentación y exposición de los temas a tratar:

OSCAR CONDE ORTIZ.

Presenta a cada uno de los participantes, pide excusas por la reprogramación del evento. Explica que es apremiante realizar el conversatorio hoy 18 de abril de 2020, habida cuenta de que el lunes 20 de abril fenece el término para intervenir ante la Corte Constitucional en la revisión de constitucionalidad del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Resalta que la Fiscalía ya está dando aplicación a este Decreto y, y suspendió el pago de sentencias judiciales que se tramitan al interior de su Dirección de asuntos jurídicos.

Reitera la necesidad de organización del gremio de abogados litigantes para velar por los intereses de los mismos, y adoptar las correspondientes acciones. 

RAFAEL OLAYA MONTES.

Saluda resaltando que para la organización jurídica Conde Abogados es un gusto contar con la presencia de quienes nos acompañan en este conversatorio virtual, que se diseño para conocer puntos de vista y retroalimentarnos sobre este tema.

Empieza por indicar que las razones que expondrá son las que están contenidas en la intervención que la Organización Jurídica Conde Abogados radicará ante la Corte Constitucional. Entró en materia contextualizando en que el pasado 28 de marzo, se profirió por parte del Gobierno Nacional el Decreto Legislativo 491, por medio del cual adoptó muchas medidas en el marco del Estado de Emergencia decretado por el mismo, con ocasión a la propagación de la Covid-19[1]. Este decreto tuvo mucho eco entre la población colombiana porque se tomaron muchas decisiones de resaltada importancia, como la suspensión de términos en sede administrativa, la continuidad de las personas que tienen contrato de prestación de servicios con el Estado, agotamiento de requisito de procedibilidad en la procuraduría, etc.

Centra su debate en los siguientes términos:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6, parágrafos 1 y 2, se establece lo siguiente:

Las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

El parágrafo 1: La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2: (…) Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se causarán intereses de mora.

Esta disposición, abre la puerta a que muchas entidades puedan, mediante acto administrativo, suspender los términos del trámite de pago de sentencias judiciales junto con los correspondientes intereses, con lo cual, en los casos en los que se materialice, existirá inconformismo que gira básicamente en 3 razones:

  1. Es que hay un desconocimiento de la situación fiscal que tiene la Nación, por el reiterado y prolongado por el no pago oportuno.
  2. El posible desconocimiento de algunos derechos constitucionales
  3. La no sujeción de esta decisión al principio de legalidad

El primer punto, es una situación conocida por muchos abogados en especial por los colegas que nos acompañan en este momento; por lo que es meritorio hablar de cifras:

De conformidad con los datos y cifras dadas en el Diagnóstico “Pasivo por sentencias y conciliaciones de las entidades del PGN”[2] expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el tercer trimestre del 2018 las entidades que conforman el presupuesto general de la Nación (PGN) acumulaban pasivos por sentencias judiciales y conciliaciones, un monto cercano a $6,9 billones de pesos (0,7% del PIB). Este mismo dato para 2013 representaba 0,2% del PIB, lo que implica un crecimiento del pasivo de alrededor del 300% en cinco años. Estas deudas son resultado de las nuevas sentencias y conciliaciones, las no pagadas a ésta fecha y los intereses acumulados de las mismas.

Indica que, conforme a la información dada por la Contaduría General de la Nación, este pasivo se concentra en cinco entidades del PGN: Ministerio de Defensa Nacional (46%), Fiscalía General de la Nación (25%), Policía Nacional (21%), Consejo Superior de la Judicatura (5%), y el Instituto Nacional de Vías (2%).

Expresa que está contenido que, de las entidades analizadas, solamente el 20% del número total de sentencias y conciliaciones presentan mora inferior a diez meses, las cuales equivalen al 11% del valor total del pasivo. Por su parte, el restante 80% ya superó el término de 10 meses y representan el 89% del pasivo. Particularmente, se observa que la Fiscalía General de la Nación (FGN) es la entidad que presenta el pasivo con mayor maduración con 3,2 años en promedio. En promedio las cinco entidades tardan 2,3 años (28 meses) en atender estas obligaciones, a pesar que, como se mencionó anteriormente, el límite para el cambio de tasa de interés (de DTF a usura) es 10 meses.

Manifiesta que mediante Resolución No. 00453 del 3 de abril de 2020 el Fiscal General de la Nación haciendo uso de sus facultades, considerando las disposiciones contenidas en múltiples Decretos en especial el 491 del 28 de marzo, resolvió suspender los términos de las actuaciones del trámite administrativo de pago de sentencias y conciliaciones que se tramitan en la Dirección de asuntos jurídicos de dicha institución, por el tiempo que dure el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional con ocasión a la pandemia de la covid-19.

En el segundo punto, relacionado con los derechos fundamentales indica que pueden verse vulnerados, tenemos el acceso efectivo de la administración de justicia, (ii) derecho al trabajo; (iii) mínimo vital (iv) igualdad; entre otros.

  • Acceso efectivo de la administración de justicia: La Constitución Política en su artículo 229 contempla que el derecho de acceso a la justicia es una facultad que tiene toda persona de acudir, en igualdad de condiciones, a los jueces y tribunales y, en este sentido, poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado, a fin de obtener la protección de sus derechos sustanciales, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías previstas en las leyes. Por su parte la Corte Constitucional[3] ha señalado que el Estado tiene tres obligaciones para que el acceso a la administración de justicia sea real y efectivo:

Obligación de respetar: El derecho a la administración de justicia, que se traduce en que el Estado debe abstenerse de adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a la justicia, o que resulten discriminatorias respecto de ciertos grupos.

Obligación de proteger: Consiste en que el Estado adopte medidas orientadas a que terceros no puedan interferir u obstaculizar el acceso el acceso a la administración de justicia. 

Obligación de realizar: Que conlleva que el Estado debe facilitar las condiciones para el disfrute del derecho al acceso a la administración de justicia y hacer efectivo el goce del mismo.

Este derecho también es ampliamente protegido por Instrumentos normativos de carácter internacional, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  • Derecho al mínimo vital, igualdad y trabajo: Por último, señala que la decisión repercute en una limitación considerable de derechos en cabeza de víctimas de daños antijurídicos, por acción u omisión de entidades del Estado, personas a la espera de una inclusión en nómina pensional o reliquidación de la misma, cuyo ingreso se constituye en la única fuente de su sustento económico y de mínimo vital, y así, por el estilo innumerables casos de personas cuyo cumplimiento judicial desde hace muchos años está suspendido y hoy continuará con el aval de un acto administrativo.

2.3. Desconocimiento del principio constitucional de legalidad. 

En Colombia, el principio de legalidad es de rango constitucional y representa uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho. Dentro de las garantías del debido proceso, el principio de legalidad ocupa un lugar central. Puesto que. Permite a los ciudadanos ajustar su conducta al marco de los mandatos elegidos en el foro democrático para el desarrollo de la vida social en armonía y para la consecución de los fines esenciales del Estado. Las autoridades sólo pueden hacer aquello expresamente permitido u ordenado por las leyes (o el orden jurídico, en sentido amplio).[4]Así entonces, a su juicio, el Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, está infringiendo el principio de legalidad, concretamente por el desconocimiento de las siguientes normas:

El artículo 215 de la Constitución Política, que establece el Estado de emergencia por perturbación grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, y que durante dicho estado se podrán dictar decretos con fuerza de ley, los cuales deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con el estado de emergencia.

La Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (Ley 137 de 1994):

Que establece que la prohibición de suspender ciertos derechos durante los estados de excepción, así como tampoco las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos y que en uso de esas facultades sólo se puede dictar disposiciones, únicamente, cuando se cumplan los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación de incompatibilidad, y se den las condiciones y requisitos a los cuales se refiere la presente ley.

Menciona dos ejemplos: Necesidad ¿se expresó en el decreto, de forma clara, las razones por las que esta medida se adoptó y los motivos de necesidad de la misma, para conjurar la crisis de la covid-19 (que básicamente fue lo que propinó el estado de excepción)? Observó que no.

Motivación de incompatibilidad: Refiere: Los decretos legislativos que suspendan leyes deberán expresar las razones por las cuales son incompatibles con el correspondiente Estado de Excepción. Y aquí pongo sobre el debate lo siguiente: ¿debió hacerse dicha motivación de incompatibilidad? Teniendo en cuenta que existen normas que disponen el tiempo con el que cuentan las entidades del Estado para pagar las sentencias judiciales en su contra, junto con los correspondientes intereses, verbigracia el Decreto 01 del 84 y la Ley 1437 de 2011. A su juicio sí; porque dicha normatividad está siendo suspendida, y en el Decreto no se hizo mención del mismo. Por último, y aunque particularmente no se mencionó en el Decreto si la razón de suspender los pagos de sentencias judiciales obedecía a que dichos recursos se necesitaban para conjurar la eventual crisis sanitaria, nuestra organización no desconoce que, en el caso de ser así, la finalidad podría resultar justificada; aunque legalmente ignoro si sea posible modificar la destinación del presupuesto que cada una de las entidades tiene para pagar sentencias judiciales. Sin embargo, en gracia de discusión y partiendo del supuesto de que así fuera, en aras de ser propositivos se plantean algunas modulaciones a la suspensión de pagos, como, por ejemplo:

-No suspender el pago de todas las sentencias judiciales, sino de respecto de algunas cuentas de cobro; piénsese las radicadas de cierto año hacia la actualidad; y respetar las más antiguas, aquellas que lleven por ejemplo más de dos años a la espera del desembolso monetario.

-Que, si se suspende capital, no se haga frente a la causación de intereses de mora; es decir, que estos sí se sigan causando.

– Que se turnen el pago por entidades: En un tiempo solo pagará Fiscalía, en otro sólo Ministerio de Defensa, etc., y de este modo se pueden promediar de un lado, el pago de la deuda, y de otro, destinar recurso de algunas entidades a conjurar la crisis.

Finaliza refiriéndose sobre qué acciones se pueden tomar: Sin perjuicio de las acciones legales y constitucionales previstas en el ordenamiento jurídico, la más pronta es la intervención dentro de la revisión de constitucionalidad que hará la Corte Constitucional del Decreto 491 del 28 de marzo, exponiendo estos motivos. El término es de 5 días y se fijó en lista el pasado martes 14 de abril por lo que nuestras cuentas dan hasta el próximo lunes 20 de abril. El radicado es RE-253; y está abierto a que participe todo el que a bien lo tenga.

Agradece la atención prestada.

LOUIS DUSSAN.

Hace su presentación indicando su rol dentro de la Asociación Americana de Juristas –AAJ-, y el papel de ésta ONG en el plano internacional.

Empieza su presentación destacando que en la parte motiva del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, concretamente en los presupuestos fácticos, están contenidas las recomendaciones que da la OMS en respeto a los DDHH, de qué manera recomienda mitigar los efectos negativos que pueda dejar la pandemia de la Covid-19 en materia económica y sanitaria.

Que también refiere el Decreto la necesidad de recurrir a la inyección de presupuesto, de acudir a los fondos nacionales y territoriales para conjurar la crisis sanitaria, y la adopción de todas las medidas de distanciamiento social y de precaución para evitar la propagación del virus. Que en horabuena hace hincapié en la imperiosa utilización de los medios tecnológicos para garantizar la continuidad de los servicios de justicia y en general todos los del aparato estatal, y que es deber del Estado garantizar los derechos de las personas.

Pero que, a su juicio, los medios de comunicación sólo se han encargado de mencionar lo de la prohibición de reuniones sociales, dejando de lado aspectos de gran importancia como la suspensión de pago de sentencias judiciales.

Resume, que en las partes considerativas de los Decretos en mención 417 y 491, no hay referencia alguna que permita decidir aspectos de tal calibre como los adoptados en los parágrafos 1 y 2 mencionados. Desconocen constitucional y legalmente la obligatoriedad de los mandamientos judiciales; pues los Decretos Ley no pueden modificar leyes orgánicas que no están consideradas en la declaratoria de emergencia social, ecológica y económica.

Insiste en que se desconocieron los derechos fundamentales y humanos que fueron reconocidos en las sentencias judiciales. Establece también que ni la jurisprudencia ni las leyes consagran este tipo de facultades para desconocer los mandatos judiciales, y que los Decretos Ley presidenciales están expropiando ilegalmente derechos patrimoniales de los demandantes que le fueron reconocidos por los jueces de la República; con los parágrafos se entroniza una apropiación indebida por parte del Estado, y un enriquecimiento ilícito por lo mismo. Los beneficiarios acudieron a las sedes jurisdiccionales en busca de la protección de unos derechos que le fueron conculcados, y prácticamente con estos parágrafos vuelven y se le desconocen los derechos que le fueron conculcados.  

A su juicio los parágrafos 1 y 2 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, adolecen de vicios de constitucionalidad, ya que el Ejecutivo en cabeza del Presidente han utilizado las facultades legislativas con fines y objetivos distintos a los de conjurar la crisis de la Covid-19.

Invita a una nueva reunión para analizar nuevos Decretos Presidenciales dictado en el marco de los Estados de Excepción. 

CARLOS EDUARDO ACEVEDO.

Saluda a todos los abogados participantes y pendientes de la transmisión. Empieza con referirse a que el tema de este conversatorio se enmarca en los límites materiales de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, en relación con el Decreto 491 con fuerza legislativa, en cuanto suspende el trámite administrativo para el pago de sentencias.

Coincide con varias de las intervenciones efectuadas, en el sentido de que sí hay varios vicios de legalidad e inexequibilidad en los parágrafos 1 y 2 del Decreto 491 del 28 de marzo. En concreto: El de legalidad, dimana de manera concreta del mandato del artículo 8 de la Ley 137 de 1994 (Ley de los Estados de Excepción) que obliga a que en la fundamentación haya una motivación para efectos de la medida que se adopta en la parte resolutiva del Decreto 491 y de lo cual es completamente huérfano este Decreto, lo que significa que en los criterios que se tienen para la metodología del estudio de constitucionalidad que desarrolló la corte constitucional en la sentencia C-179 de 1994 falla el primero de los juicios de reproche que el juicio de conexidad material; es decir una correspondencia de causalidades meditas entre la fundamentación y la orden del trámite administrativo.

Pero más allá de eso, hay un juicio de inexequibilidad que traduce en una situación que dimana de la axiología del ejercicio del poder público, que hemos aprendido de Montesquieu, y del derecho constitucional y comparado, que atañe a que las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales deben ser autónomas e independientes.

Desde este punto de vista por los estados de excepción, el Ejecutivo se arroga la facultad de expedir Decretos con fuerza de ley; pero lo que ocurrió es que, bajo esta prerrogativa, los jueces que a través de sentencias adopten medidas de carácter pecuniario, las mismas no podrán hacerse exigibles. Hay una intromisión del ejecutivo al judicial de forma injustificada, sin dejar de lado que hay un rompimiento del principio de igualdad ante la Ley; las sentencias de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del Derecho restauran derechos en cabeza de los damnificados, que entraña un derecho crediticio que es un bien corporal donde el dueño del derecho o actor es el ciudadano beneficiario y el Estado el obligado al pago de la misma. Rompe el derecho a la igualdad ante la Ley porque pone al ciudadano beneficiario a soportar la suspensión de una orden judicial.

Destaca que esta situación tiene mucho que ver con el artículo 53 de la Ley 1955 que trata del plan Nacional de Desarrollo. Esto para destacar que el Estado sí puede conminar a sus ciudadanos a cumplir con sus obligaciones, bajo muchas alternativas, pero él, bajo el argumento de la fuerza mayor, a través de los Decretos expedidos en los Estados de Excepción, suspender el cumplimiento de las obligaciones económicas, dejándolo en el plano de la desigualdad.

Cuestiona en ¿en cómo deben ver los abogados está situación donde proponen el pago de las sentencias a través de bonos TES? –Esta situación desde luego también reviste un agravio directo para los damnificados o víctimas de daños antijurídicos o simplemente beneficiarios de sentencias judiciales, sin dejar de lado que los pone a todos en una situación desventajosa, donde ni siquiera acudir al expediente mediante acción ejecutiva, va a permitir conseguir alivios mediante medidas cautelares, por cuestiones de inembargabilidad de los bienes o de los recursos del Estado. Se está frente a un Estado de cosas de inconstitucionalidad, que nos obliga a los abogados para reclamar de una forma clara, directa, contundente el respeto de los derechos que tienen todos los afectados y beneficiarios de las sentencias judiciales.

Agradece la atención prestada.

JAIME BARRETO.

Empieza por resaltar que, la situación del no pago de sentencias judiciales lleva muchos años y que, por ende, desde hace bastante tiempo era meritorio que los abogados se unieran para adoptar medidas y hacer frente a esta situación. Destaca lo establecido en el Decreto 01 de 1984, sobre la obligatoriedad del pago de sentencias judiciales, en un tiempo determinado y con la orden de causación de los intereses moratorios.

Propone acudir a los entes de control, a la Defensoría del Pueblo, a algún congresista y presionar el cumplimiento del pago de sentencias judiciales, que, a su juicio, podría resultar más eficaz que solicitar la inexequibilidad del reciente Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

Denuncia que la compra de sentencias por parte de otros abogados, puede estar influyendo en el pago de sentencias oportuno por parte del Estado.

MARÍA TERESA GÓMEZ.

Agradece la invitación y resalta la necesidad de referirse frente al tema. Destaca su indignación frente al reiterado incumplimiento en el pago de las sentencias y que ahora se pretende materializar o auspiciar de forma legal, bajo la expedición del Decreto 491 del 28 de marzo de 2019, cuyas disposiciones que se refieren al tema que nos ocupa, que, desde luego, es inconstitucional y no guarda relación directa con el tema central de hacer frente a la pandemia; ni con los recursos que se deben destinar a la misma, pero evidentemente nos afecta.

Resalta que de la lectura del Decreto se encuentra que todo lo atribuyen a la protección de los servidores públicos, cosa que en principio no podemos discutir, pero el trasfondo y las implicaciones son mucho mayores.

A su concepto, esta situación es un llamado a abandonar la pasividad de los juristas. Es contradictorio que el Decreto conmine a la utilización de medios tecnológicos para continuar con la mayor parte de funciones, como es lo normal en la vida moderna, pero en el caso del pago de sentencias sí decide suspenderlos. Recalca que a través de las plataformas se pueden pagar las nóminas, se pueden atender múltiples asuntos que no requiere una presencia física de los funcionarios. Para ella, se necesita es voluntad de adoptar procedimientos de cooperación entre el equipo jurídico y el de sistemas de cada entidad para que establecer procesos operacionales ágiles que permitan continuar con los procesos de pagos; por lo que la motivación del Decreto entraña una mentira muy grave; porque es justificar el no pago y dejar aún más atrasada la deuda.

Resalta que intervenir ante la Corte, es válida y ninguna posibilidad de acción se debe desechar en estos momentos, pero lastimosamente no dejan de ser acciones pasivas que pueden quedar sin fuerza en el camino; porque supieron soportarlo en un tema sensible como es la salud de los funcionarios encargados del trámite de pago.

Reitera que es hora de sonar en el ámbito nacional y en la población sobre esta situación que tenemos; porque hay una mala fama que se ha creado entre los abogados que son los que se van a lucrar totalitariamente de esos recursos, claro, se tienen unos derechos ahí y son legítimos, pero se ha creado una imagen que, para el público, los funcionarios públicos y la prensa está bien que se pare el procedimiento y que no se paguen las sentencias. Esto hay que desmontarlo, porque el perjuicio es para los beneficiarios de las sentencias y desde luego para los abogados que viven de ello, porque es su trabajo.

Expuso un borrador de un escrito dirigido a cualquier Congresista, que tenga voz y peso en el Congreso de la República, con la finalidad de lograr un control político, o que también puede dirigirse a otro funcionario como el Ministro de Hacienda, el de Justicia o cualquier alto cargo, para investiguen y se pronuncien por qué esos pagos no se han hecho y se tomen cartas sobre el asunto. Agradece la atención.

CONCLUSIONES

  1. Se debe intervenir en los controles de legalidad y constitucionalidad que adelantan las altas Cortes, de los Decretos Legislativos y actos administrativos que suspendan el pago de sentencias judiciales.
  2. Es necesario acudir ante los Entes de Control para buscar a través de ellos soluciones frente a la crisis fiscal del no pago de sentencias que lleva años sin solucionarse.
  3. Del mismo modo, se debe buscar la realización de un control político liderada por Congresistas y/o Ministros, exponer la situación y hacerla visible lo mayormente posible.
  4. Es meritorio la agremiación de abogados y juristas para que, en conjunto, se luche en la búsqueda de la efectividad de las sentencias judiciales, su cumplimiento y pago de condenas pecuniarias a través de los distintos medios legales disponibles.
  5. En las acciones legales y demás que se adelanten, deberá resaltarse la realidad fiscal que afronta la Nación por la omisión del pago de sentencias, las causas de la misma, y las soluciones que se pueden dar, para hacer frente a la misma, como, por ejemplo, el apoyo de medios tecnológicos para continuar con los procedimientos de pago.

[1] Real Academia Española “Si se sobrentiende el sustantivo tácito «enfermedad», lo más adecuado sería el uso en femenino: «la COVID-19». (1/2)”

[2] Reportes de Hacienda “Pasivo por Sentencias y Conciliaciones de las entidades del PGN: Diagnóstico” del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, año 2019, elaborado por Diana Carolina Escobar, Nicolás García, David Esteban Herrera y Laura Ximena Martínez. Disponible en: http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-111658%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

[3] Sentencia T-443 de 2013, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[4] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-044 de 2017.Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

Dejar un comentario