CIBERATAQUES. DESAFÍOS DE LA JUSTICIA DIGITAL EN COLOMBIA
La más reciente pandemia de la Covid-19 trajo consigo no sólo cosas malas, sino que también sirvió para que muchos aspectos fueran reinventados. Dentro de las cosas positivas podemos destacar la aceleración en la implementación de la virtualidad en la justicia colombiana, ya que pasamos por ejemplo de tener audiencias presenciales a las virtuales, de tener que ir hasta el despacho judicial para acceder a los expedientes a poder acceder a ellos de forma digital. Sin embargo, surge un gran interrogante y es ¿está la Justicia en Colombia preparada para afrontar y asumir los retos que ello trae? Claramente la respuesta a esta pregunta es que no, teniendo en cuenta el más reciente ataque Ransomware que sufrió una de las empresas de servicio de seguridad de información de la Rama Judicial.
El pasado martes 12 de septiembre la actividad judicial se vio afectada por la “caída” de la página de la Rama Judicial, la cual no era sorpresivo pues reiteradas ocasiones previas al ciberataque, presentaba fallas de manera esporádica. Sin embargo, lo que no esperaban quienes usan esta página diariamente es que los datos de: procesos, usuarios, abogados y demás que trabajan regularmente en el aparato judicial tuvieran expuesta su información por un ciberataque externo tipo ransomware que sufrió la empresa de telecomunicaciones IFX Networks Colombia, encargada de los servicios de seguridad de varias dependencias de la Rama Judicial y otras entidades del Gobierno. La consecuencia de este ataque fue la indisponibilidad en las plataformas de servicios de las entidades que tienen implementadas soluciones ofrecidas por IFX Networks.
Después de transcurridos dos días sin poder acceder a la revisión de procesos, micrositios, estados y autos, nos encontramos con la noticia de suspensión de términos judiciales hasta el 20 de septiembre porque la Rama Judicial había sido víctima de ataques cibernéticos. Los términos judiciales fueron suspendidos para evitar la prescripción de los procesos, pero la realización de audiencias en algunos despachos se siguió realizando con normalidad, inclusive sin poder acceder a los expedientes digitales. La disparidad de criterios y la falta de claridad del acuerdo PCSJA23.12089 “Por el cual se suspenden términos judiciales en el territorio nacional” creó otro inconveniente que podría repercutir seriamente en el debido proceso y acceso a la administración de justicia de los usuarios, ya que quedó a discrecionalidad de cada despacho el realizar o no las audiencias que previamente habían sido programadas.
El ciberataque frenó la justicia en Colombia, afectó el desarrollo normal de todas las actividades judiciales y puso a prueba la digitalización de la justicia en Colombia. Demostró que no estamos preparados para eventos de tal magnitud en los cuales una semana después no sabemos qué tan grave es el “secuestro de esta información”, si se perdieron datos sensibles que sólo le incumben a las partes procesales.
¿Qué nos enseñó el ciberataque sobre la justicia digital? Que la administración de justicia debe prepararse para afrontar este tipo de situaciones que con frecuencia se dan por parte de hackers y que se debe contar con mayor seguridad cibernética, establecer clausulas más robustas que garanticen la seguridad de la información y sobre todo tener una fuente de respaldo para que el acceso permanente y constante a la administración de justicia no se vea comprometido.
[1] El malware de rescate, o ransomware, es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos