AUDIENCIA DE PRUEBAS Y DECLARACIONES TESTIMONIALES EN LA NUEVA ERA DIGITAL

Con la pandemia mundial producida por el virus del COVID -19, llegaron nuevas dinámicas implementadas debido a su necesidad de funcionamiento en las grandes compañías, empresas que prestan atención al público, entidades en general e instituciones como la Rama Judicial. Estas nuevas prácticas parten de la necesidad de impartir justicia en el territorio colombiano, proponiendo la posibilidad de reducir la impunidad a tan sólo un clic de distancia. Se implementó el uso más acuicioso del micrositio en el sitio web de la Rama Judicial, el cual debe ser alimentado por cada juzgado a fin de permitir obtener -online- sus pronunciamientos judiciales, asi como tambien la oportunidad de celebrar audiencias de manera virtual dentro de un proceso judicial. Un ejemplo de ello ocurre en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, en donde una diligencia se puede desarrollar encontrándose las partes del proceso desde cualquier parte del país. Ahora la pregunta es, ¿es esto una solución? Tal vez para aquellos que cuenten con la infraestructura y pueden hacer uso de estas opciones que permite la tecnología, la respuesta sería un sí. Sin embargo, para las personas que se encuentran en lugares apartados o dispersos y que han sido olvidados por el Estado me atrevería a decir que no, por el contrario se vuelve una brecha para acceder a la administración de justicia.  

Es de pleno conocimiento que, en la mayoría de los procesos de lo Contencioso Administrativo es necesario acudir a una prueba testimonial para lograr el reconocimiento de lo pretendido en la demanda. Este tipo de procesos comúnmente surgen no sólo en la capital del país, sino también en las medianas y pequeñas ciudades. Los hechos que originan estos procesos se encuentran en pueblos, veredas, municipios y periferias, incluso en ocasiones en medio de la selva, situaciones que parecen pasar desapercibidas para los que imparten justicia, es decir los jueces de la República.

Al pertenecer a una firma que nace en uno de los territorios colombianos más destacados por su fuente de abastecimiento de todo tipo de frutos y cultivos, rico en ganadería, con mucha riqueza maderable por sus inmensos, abundantes y fuertes árboles, con una temperatura envidiable por su llanura baja y húmeda, pero tambien influenciada por la cercanía a la cordillera, somos conscientes de las grandes virtudes que rodea este Departamento, sin que esto sea suficiente para facilitar el desarrollo de algunos litigios.  No puede ignorarse la escasez y muchas veces ausencia de buenos canales de conexión a internet, especialmente en la zona rural del Departamento del Caquetá, al igual y como ocurre con otros departamentos apartados del centro de Colombia.

Como abogados diariamente nos enfrentamos a estas audiencias, donde se convoca la recepción de testimonios de personas que estuvieron presentes o conocen los hechos que rodean los procesos que cursan en contra de las entidades del Estado, principalmente en los medios de control de reparación directa. Estas personas muchas veces cuentan con bajo o nulo nivel educativo, ausencia de una buena conexión a internet y/o de dispositivos de comunicación como celular, computador, tabletas y en general de dispositivos electrónicos incluidos audífonos o micrófonos,  pasando por alto que si bien, muchas de estas herramientas son comunes para nosotros, no lo son para ellos y desconocen por completo su funcionamiento.

Para los abogados esto es todo un reto. La premisa de que “los abogados deben garantizar la optima conexión de los testigos”  hoy por hoy no sólo es una camisa de fuerza que no admite matices o excepciones, sino una impotente labor para los apoderados y para los mismos demandantes cuando no se puede cumplir con la conexión de los convocados de manera adecuada; situaciones que muchas veces son fuertemente castigadas por parte de algunos jueces, ya que en ocasiones es evidente la falta de empatía, conocimiento y colaboración de los despachos judiciales cuando se tienen inconvenientes con la conexión, el audio, o incluso el entendimiento de alguna pregunta realizada, desconociendo que si bien muchos de estos procesos en contra del Estado se originaron en el mismo lugar en donde se encuentra ubicado el despacho, muchos otros se originan en otras partes del pais y en lugares que como ya lo mencionaba carecen de las facilidades tecnológicas que facilitan el correcto desarrollo de la audiencia, ampliando la brecha entre los territorios y la desigualdad.

Garantizar la comparencecia de un testigo no implica unicamente facilitarle el link de conexión como algunos Despachos consideran. En muchos casos requiere desde explicarles cómo descargar la aplicación Lifesize o Teams, indicarles una o muchas veces cómo conectarse, como encender y apagar el micrófono (con las dificultades que este tipo de tareas pueda traer en función de la edad y de la destreza en manejo de tecnologías para el convocado a declarar) y contar con la suerte de que cuando llegue el día de la audiencia no haya mal clima y el débil internet se caiga.

Algunos opinarán que esto estaría solucionado con lo previsto en el PARÁGRAFO 2 del artículo 2 de la Ley 2213 de 2022 que reza: Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales. Lo cierto es que esto no es tan así, porque en zonas apartadas del país, ni siquiera estas entidades gozan de buena conectividad o cuentan con los recursos para facilitar el desarrollo de diligencias que en principio no son de su competencia y para lo cual no están equipados ni tecnológica ni fiscalmente.

Con todo, ante la implementación forzada y poco planeada de la virtualidad en nuestro sistema judicial, muchos nos preguntamos si esta nueva era digital llegó para quedarse y con seguridad podria decir que sí. Sin embargo, hay muchas cosas en las que aún se debe trabajar fuertemente. Se debe implementar más centros educativos dotados de redes de comunicación y estrategias que permitan llegar con mayor efectividad a los territorios de la Colombia profunda, así como también conscientizar de esta realiadad a los operadores de justicia. No sólo basta su formación académica y profesional, sino también y mucho más importante, su calidez humana, necesaria para alcanzar una justicia accesible y garante de los derechos de las partes.