LA JUSTICIA COJEA, PERO LLEGA: EL CASO DE PEÑAS COLORADAS
El desplazamiento de peñas coloradas, un ejemplo claro de que la justicia tarda en llegar, pero llega: más de 20 años después del desplazmamiento, se emite fallo condenatorio de primera instancia al interior del proceso judicial.
El caso de Peñas Coloradas es uno de los más emblemáticos y trágicos de desplazamiento forzado en la historia reciente de Colombia. Ubicado en el departamento del Caquetá, municipio de Cartagena del Chairá. Peñas Coloradas era una comunidad rural que se encontraba en plena selva amazónica colombiana. Para finales del siglo 20 e inicios del siglo 21, la región del Caquetá se convirtió en un escenario clave de la guerra contra las drogas y el conflicto armado interno en Colombia. La presencia de grupos armados ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), generó un clima de violencia y terror en la región.
En abril de 2004, la comunidad de Peñas Coloradas se vio obligada a desplazarse por orden de las Fuerzas Militares. Esta población, que estaba compuesta por aproximadamente 700 familias, se vio forzada a abandonar sus hogares y tierras para buscar refugio en zonas más seguras. El desplazamiento fue particularmente trágico debido a la forma en que se llevó a cabo. Las fuerzas militares desplegaron su operatividad en contra de los habitantes, obligándolos a abandonar sus hogares y pertenencias; muchos de los desplazados se vieron obligados a caminar durante días para llegar a zonas más seguras, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica. La incursión del Ejército se terminó de ejecutar con un comodato en donde se le concedió el derecho al Ejército Nacional de establecer una base militar en dicho territorio, que persiste a día de hoy.
Más de 20 años después, esto es, en el mes de agosto de 2024, al interior de la acción de grupo que se inició por parte de la comunidad afectada, se emitió sentencia de primera instancia, en donde se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y se le declaró administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios ocasionados a los pobladores como consecuencia del desplazamiento forzado del que fueron víctimas. Con este fallo, los peñunos recibe un parte de tranquilidad, y aunque no es una decisión judicial definitiva, más de dos décadas después, empiezan a ver atisbos de justicia por las graves violaciones de derechos humanos de las cuales fueron víctimas.
Hoy, el proceso se encuentra en segunda instancia para resolverse los recursos de apelación que se interpusieron. Uno de los aspectos que deberá revisar el Tribunal Administrativo del Caquetá será acerca de las personas que pese a demandar en tiempo, no fueron reconocidas como víctimas del desplazamiento.
El caso de Peñas Coloradas es un ejemplo claro de que los actores del conflicto pueden ser múltiples, incluyendo al Estado Colombiano. La comunidad de Peñas Coloradas nunca pudo regresar a sus hogares y tierras, y muchos de sus miembros siguen viviendo en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a la espera de que sea el mismo Estado, quien logre resarcirlos por el daño sufrido.